Las extradiciones han sido esenciales para obtener información, pero con el escenario descrito y la notion de que “mal paga el diablo”, la DEA puede quedar ciega, sorda y muda.
* Al meditar sobre estos criterios historyé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto prison argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.
La extradición en estos casos puede ser más complicada debido a la dificultad para rastrear a los delincuentes y la falta de acuerdos internacionales específicos para estos delitos.
Es un instrumento de defensa de la sociedad internacional; un mecanismo reglamentado de cooperación penal que busca la salvaguardia social contra la impunidad del delito y el crimen, configurando un esquema socio&#a hundred and fifty;jurídico que proporciona eficacia y eficiencia a la justicia punitiva, impidiendo que un delincuente que se refugia en un país extranjero quede sin penalización por la infracción que cometió. Por medio de este instituto jurídico, un Estado denominado requirente solicita de un Estado denominado requerido, la entrega de un presunto delincuente o convicto que se encuentra en su territorio para juzgarlo o para sancionarlo. También es una institución de asistencia jurídica que se desarrolla esencialmente en el plano internacional; confirma la soberanía estatal en el orden penal; confronta las pretensiones de diferentes soberanías estatales y en virtud de ella, se hace forzoso el reconocimiento del derecho de un Estado en detrimento del derecho de los demás.
La asesoría jurídica para presos en España es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de estas personas y para proteger sus derechos.
Además, el delito por el que se solicita la extradición debe ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado Check This Out en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.
R: La persona debe ser acusada de un delito en el país que solicita la extradición, y ese delito debe estar contemplado en la ley mexicana. También debe ser ciudadano del país que solicita la extradición o haber cometido Extradición México Grecia el delito en ese país.
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La obra in comento representa un buen esfuerzo de recopilación, acomodo y sumarización de los distintos ordenamientos legales e instrumentos que se utilizan en la actualidad para darle vida al procedimiento de extradición. Aunque no se trata de una obra analítica ni de estudio o discusión doctrinal sobre esta compleja institución jurídica de cooperación penal internacional, es un valioso auxiliar de referencia y consulta que cuenta con todos los tratados bilaterales vigentes suscritos hasta ahora por México, convenios y convenciones internacionales especializadas y relativas a los delitos y crímenes objeto del derecho internacional penal, y que cuenta, además, con una guía temática para facilitar la identificación de las disposiciones, así como con una basta selección de criterios jurisprudenciales emitidos por la SCJN y de los Tribunales Colegiados de Circuito, un glosario y bibliografía referente, pero insuficiente —hay que recalcarlo—sobre el tema de la extradición.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
Estos procedimientos requieren una solicitud official de extradición por parte del país requirente, que debe cumplir con los requisitos legales establecidos en el tratado y la legislación nacional. Una vez recibida la solicitud, las autoridades competentes de cada país evalúan la evidencia presentada y deciden si procede la extradición.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud formal de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
El tratado establece have a peek at this web-site los delitos por los cuales se puede solicitar la extradición, los procedimientos que deben seguirse para presentar una solicitud de extradición y los requisitos que deben cumplirse para que la extradición sea concedida.